El precio récord que ha alcanzado el mineral tiene una insólita víctima: la biodiversidad de las selvas tropicales de la Amazonía peruana.
Tras la crisis del año 2008, muchos inversores se vieron obligados a poner su dinero en un eterno bastión de seguridad económica: el oro. Esto significó que miles de mineros ilegales han invadido la región de Madre de Dios, en la parte suroriente de Perú. Recibe este nombre del río Madre de Dios, de cuya cuenca son afluentes la mayor parte de los ríos de la zona.
La minería ilegal ha causado una catástrofe en las selvas tropicales vírgenes y los sistemas fluviales, incluyendo algunas de las reservas naturales más importantes de Perú. Los mineros ilegales utilizan técnicas primitivas de la minería para lograr extraer enormes cantidades de oro de los suelos arenosos, que destellan llenos de partículas del metal precioso. Mientras extraen el mineral, el veneno de la tabla de agua con mercurio y la tosca extracción provocan agujeros tóxicos en la selva virgen.
Según Jorge Herrera, director del programa del sur del Amazonas para el World Wildlife Fund, “se trata de una zona de desastre” donde “el coste ambiental es muy alto. Eso se debe en parte a las técnicas utilizadas, pero también a la biodiversidad irremplazable que alberga esta región”.
Se calcula que el número de mineros en Madre de Dios oscilan entre los 40.000 y 50.000 y, de acuerdo a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), tan sólo el 3% de ellos son legales, trabajando en concesiones oficiales con permisos ambientales y equipo autorizado.
Estos mineros ilegales producen casi una quinta parte del total anual del oro de Perú, que alcanza las 175 toneladas métricas. También son los responsables de la destrucción de más de 70 kilómetros cuadrados de selva tropical y, según grupos ambientalistas, provocan un vertido de unas 35 toneladas métricas anuales de mercurio en las corrientes de los ríos y la selva.
Si eso no fuera suficiente, la minería ilegal ha provocado asentamientos en áreas peligrosas en las profundidades del Amazonas, donde no hay leyes vigentes, proliferan las armas, el alcohol barato y burdeles llenos de prostitutas adolescentes.
“Este asunto es ahora demasiado grande para el gobierno regional”, señala Herrera. “O el Gobierno nacional aborda este problema, o supondrá efectivamente la entrega de Madre de Dios a las bandas criminales, con todo lo que esto implica, no sólo para el medio ambiente, sino para la seguridad pública y el imperio de la ley”.
El Gobierno de Perú tomó enérgicas medidas al respecto el año pasado, que incluyeron varias operaciones conjuntas de la Policía, el Ejercito, la Marina y la Fuerza Aérea, que incautaron y destruyeron equipos de mineros ilegales, incluidas las herramientas de dragado, que violan y alteran los cauces de la selva.
La administración de Ollanta Humala cobra una pequeña suma de dinero por las concesiones mineras –entre 0,5 y 1 dólar por hectárea al año– en contraste con la ganancia de mil dólares que se puede conseguir con la extracción de una onza de oro.
Para una región golpeada por la pobreza y de pocas oportunidades económicas, la mayoría de las familias poseen un integrante del grupo que es minero.
“La minería es una actividad natural en Madre de Dios. El Gobierno tiene que respetarla”, dice Mario Cabrera Villavicencio, vicepresidente de la federación de la principal zona minera. “En Lima, no entienden la realidad de la vida en el Amazonas”.
Pero no todos en Puerto Maldonado, capital del departamento de Madre de Dios, piensan de la misma forma. El ecoturismo crece de forma rápida, con alojamientos en la selva que cada año reciben más visitantes. Los pescadores y comunidades indígenas locales también se oponen de manera enfática a la destrucción del medio ambiente.
En octubre pasado, cientos de manifestantes ocuparon la plaza principal de Puerto Maldonado con letreros y pancartas que decían: “¿Dónde están los fiscales del medio ambiente?” y “¿cuántas onzas [de oro] vale una vida?”.
Villevicencio, desde su oficina en Puerto Maldonado, indica que la mayoría de sus miembros son “informales”, no ilegales. “Tienen concesiones, pero el Gobierno regional no ha respondido a sus solicitudes de permisos ambientales”, dice.
Como sea el caso, para Alan Díaz Carrión, abogado de la SPDA, los mineros están operando en contra de la ley. “Puede que seas el propietario de un coche, pero si no tienes permiso de conducir y conduces, entonces estás infringiendo la ley”, dice Díaz Carrión.
A principios de febrero de 2012, un cambio de gabinete en el Gobierno de Humala dejo como ministro del Medio Ambiente a Manuel Pulgar Vidal, ex jefe de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, quien ha prometido una nueva ley que otorgará al Estado más poder para detener la minería ilegal.
Cuando todos los mercados están a la espera del debacle financiero, las selvas de Madre de Dios podrían ser nuevamente una víctima más.
Pero los problemas en Madre de Dios no son los únicos que aquejan a Perú. Conocido por todos es el caso de laminera Yanacocha y el Proyecto Conga, en el cual la empresa Newmont Mining Corporation (dueña del 51.35 % de la minera) planea explotar mineral aurífero en Cajamarca, a unos 800 kilómetros de la ciudad de Lima.
Para los pobladores de Cajamarca, que realizaron una gran marcha por el agua que llegó a Lima la semana pasada, el proyecto minero es una amenaza tangible a las cuencas hídricas de la provincia.
A finales de febrero, una comisión integrada por peritos extranjeros evaluará en terreno el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero. Conga, que fue aprobada en octubre de 2010, ha sido duramente criticada por los daños que podría causar en las reservas de agua de la zona. Debido a las protestas locales, el Gobierno acordó realizar un peritaje en diciembre pasado.
Es importante destacar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)reconoce en los artículos 11 y 12, el derecho al agua.
Adoptado el 16 de diciembre de 1966, el PIDESC es el principal y único tratado internacional que cubre la totalidad de derechos económicos, sociales y culturales. Constituye junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Internacional de Derechos Humanos, fuente de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
El PIDESC define y estipula principalmente, como parte integrante e indisociable de los derechos humanos, el derecho a un nivel de vida adecuado (alimentación, vivienda, vestido, etc.), el derecho a la educación, el derecho al trabajo en condiciones justas y favorables, los derechos sindicales y de huelga, el derecho a la salud, un derecho a la seguridad y [a los] seguros sociales y también el derecho a participar en la vida cultural y de beneficiarse del progreso científico.
Perú firmó el PIDESC el 11 de agosto de 1977 y lo ratificó el 28 de abril de 1978.
Durante la próxima sesión (48°) del Comité por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a realizarse entre el 30 de abril y 18 de mayo de 2012, se revisará la aplicación que ha hecho Perú del Pacto suscrito, momento en que creo será imposible no tocar el tema del derecho al agua y la amenaza que supone para la vida la minería extractiva.
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