Dirigentes indígenas ecuatorianos denunciaron la participación de árbitros privados en la querella que sostienen contra Chevron (por 18.000 millones de dólares) a raíz de la extensa contaminación que la explotación petrolera de la firma causó en la Amazonía.
Humberto Piaguage, vocero de la Organización Indígena Secoya, señaló que “ha habido un fallo de los tribunales de Ecuador y no debería haber interferencia de un tribunal privado extranjero”.
Tanto los indígenas como las organizaciones medioambientales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exija al Gobierno de Ecuador medidas de precaución en el intento de arbitraje. La directora del grupo de defensa Public Citizen, Lori Wallach, afirmó que la intervención significa “una expansión peligrosa de este recurso que amenaza las causas de derechos humanos y el ambiente”.
La demanda se produjo como resultado de la contaminación ambiental que la petrolera Texaco, adquirida por Chevron en 2001, causó entre 1964 y 1992 en la región ecuatoriana de Lago Agrio.
Piaguage y Guillermo Grefa, portavoz del Pueblo Kichwa, relataron los estragos que provocó la contaminación en el suelo y agua, así como los abusos sufridos por la población indígena y local a manos de la petrolera y sus trabajadores. “Nuestro territorio ha disminuido, nuestras familias sufren, nuestras mujeres han sido abusadas, los jóvenes han sido corrompidos por el alcohol distribuido por la petrolera”, dijo Piaguage.
El año 2002, para evitar un juicio ante un tribunal federal de Estados Unidos, Chevron eligió las causas en los tribunales ecuatorianos, que incluían demandas de las comunidades indígenas afectadas por la contaminación, incluyendo un derrame de más de 60.000 millones de litros de desechos tóxicos.
En 2011, un tribunal del país ordenó el pago de 18.000 millones de dólares, que se destinarían a la limpieza de los terrenos contaminados. La resolución incluye 8.600 millones de dólares por daños ambientales, cantidad que se duplicó cuando la compañía se negó a pedir disculpas públicas a Ecuador.
Tras perder una serie de apelaciones en tribunales ecuatorianos y estadounidenses, Chevron recurrió al Tratado Bilateral de Inversiones entre ambos países.
Aaron Page, abogado de la Asamblea de Afectados por Chevron indicó que “este tipo de arbitraje, que es común en el sector privado, no tiene un papel en las relaciones internacionales”.
Wallach explicó que los mecanismos de arbitraje entre empresas privadas y gobiernos extranjeros, parte de los acuerdos bilaterales, sirven para resolver reclamos de compensación o indemnización de la empresa privada cuando sus activos o intereses se ven afectados por decisiones de un Gobierno. “Por ejemplo, si un Gobierno confisca propiedades de una empresa extranjera para la construcción de una carretera, la empresa presenta un reclamo de compensación y el caso se resuelve con la adjudicación de una cantidad de dinero”, indicó.
El tribunal de arbitraje se reunirá la próxima semana en una sala (arrendada) de la sede central de la Organización de Estados Americanos (OEA), y estará compuesto por un árbitro elegido por el Gobierno de Ecuador, otro escogido por Chevron y un tercero elegido entre los dos primeros.
De todas formas, un tribunal de este tipo está imposibilitado de pedir al Poder Ejecutivo de Ecuador que impida la sentencia dictada por el Poder Judicial.
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